Con todos sus problemas, la interceptación en España de las telecomunicaciones exigía una autorización judicial.
El pasado jueves un exultante y festivo Parlamento Europeo, secundado por numerosas asociaciones y grupos aparentemente defensores de nuestras libertades, celebraban el éxito del final de algunas de nuestras garantías judiciales fundamentales.
El pretexto era que para interrumpir –definitivamente- el acceso a internet iba a ser necesaria una decisión judicial. A cambio de esto, que es menos de lo que ya teníamos (¡), quedaba a salvo el propósito último de los Gobiernos y de toda su utópica sociedad del control que consiste en que ellos, o incluso terceros delegados por ellos (como sucede en Francia) inspeccionen la información privada que transita por la red sin control judicial previo. En la era de la información y la comunicación esto es obtener el acceso al poder con mayúsculas para los Gobiernos europeos y sus aliados corporativos.
Así, muchos políticos celebraban como un gran logro la obtención de "el derecho a ser oído (...) y el derecho a una revisión judicial efectiva y oportuna" para un ciudadano:
Sin que el olor a fracaso les importunara o les hiciera sentirse aludidos, olvidaron que PRECISAMENTE ESTO es lo que ya se celebró en Europa en 1789 y 1812, ellos sólo tenían que sumar algo más a lo ya obtenido hacía siglos. Así la ignorancia e incluso la traición consciente de muchos politicos y la ingeniería social de las entidades de gestion y las operadoras de telefonía (no nos olvidamos de REDTEL que, formidable casualidad, había alcanzado un compromiso con la Coalición de Creadores poco tiempo antes), lograron que la interceptación de las comunicaciones digitales acabase siendo una posibilidad legal en Europa. Porque, ¿qué nos han conseguido?:
“un procedimiento previo, justo e imparcial" garantizando "el derecho a ser oído (...) y el derecho a una revisión judicial efectiva y oportuna", es decir una interceptación legal de nuestras comunicaciones, y si como consecuencia de esto quieren desconectar nuestro acceso a la red un proceso administrativo con “una revisión judicial efectiva y oportuna" al final.
Efectivamente, los ciudadanos europeos, una vez más se levantaban con menos derechos gracias a sus representantes en Europa, y eso sí, nos lo pagan con parte de lo que ya teniamos a cambio de lo que nos arrebatan.
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El pasado jueves un exultante y festivo Parlamento Europeo, secundado por numerosas asociaciones y grupos aparentemente defensores de nuestras libertades, celebraban el éxito del final de algunas de nuestras garantías judiciales fundamentales.
El pretexto era que para interrumpir –definitivamente- el acceso a internet iba a ser necesaria una decisión judicial. A cambio de esto, que es menos de lo que ya teníamos (¡), quedaba a salvo el propósito último de los Gobiernos y de toda su utópica sociedad del control que consiste en que ellos, o incluso terceros delegados por ellos (como sucede en Francia) inspeccionen la información privada que transita por la red sin control judicial previo. En la era de la información y la comunicación esto es obtener el acceso al poder con mayúsculas para los Gobiernos europeos y sus aliados corporativos.
Así, muchos políticos celebraban como un gran logro la obtención de "el derecho a ser oído (...) y el derecho a una revisión judicial efectiva y oportuna" para un ciudadano:
Conciliación del paquete de Telecomunicaciones: eurodiputados y representantes del Consejo acuerdan garantías de acceso a Internet
Sin que el olor a fracaso les importunara o les hiciera sentirse aludidos, olvidaron que PRECISAMENTE ESTO es lo que ya se celebró en Europa en 1789 y 1812, ellos sólo tenían que sumar algo más a lo ya obtenido hacía siglos. Así la ignorancia e incluso la traición consciente de muchos politicos y la ingeniería social de las entidades de gestion y las operadoras de telefonía (no nos olvidamos de REDTEL que, formidable casualidad, había alcanzado un compromiso con la Coalición de Creadores poco tiempo antes), lograron que la interceptación de las comunicaciones digitales acabase siendo una posibilidad legal en Europa. Porque, ¿qué nos han conseguido?:
“un procedimiento previo, justo e imparcial" garantizando "el derecho a ser oído (...) y el derecho a una revisión judicial efectiva y oportuna", es decir una interceptación legal de nuestras comunicaciones, y si como consecuencia de esto quieren desconectar nuestro acceso a la red un proceso administrativo con “una revisión judicial efectiva y oportuna" al final.
Efectivamente, los ciudadanos europeos, una vez más se levantaban con menos derechos gracias a sus representantes en Europa, y eso sí, nos lo pagan con parte de lo que ya teniamos a cambio de lo que nos arrebatan.
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